Presidente Asfura ratifica reducción del Estado: “No podemos seguir como estamos”
El mandatario hondureño confirmó que su administración avanzará en la reducción del aparato estatal bajo un esquema de austeridad, advirtiendo que la situación fiscal actual es insostenible.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó su compromiso de reducir el tamaño del Estado, advirtiendo de manera contundente que “no podemos seguir como estamos” frente a la situación financiera que atraviesa la administración pública. La declaración se produjo en el marco de una comparecencia en vivo, donde el mandatario subrayó la urgencia de implementar medidas de austeridad para garantizar la operatividad del Gobierno.
La confirmación de este recorte en el aparato estatal se alinea con las alertas emitidas en días recientes por el Gabinete Económico, que ha señalado la existencia de “números rojos” en la caja fiscal y obligaciones pendientes que rondan los 17,000 millones de lempiras. Según Asfura, la estructura actual del sector público ha crecido de manera desproporcionada en relación con la capacidad de recaudación y financiamiento del país, lo que obliga a tomar decisiones inmediatas para corregir el desequilibrio.
Aunque no se detallaron en esta intervención las cifras exactas de plazas o instituciones que podrían ser suprimidas o fusionadas, el mensaje refuerza la política de contención del gasto corriente que el Ejecutivo busca impulsar desde el inicio de su gestión. La Secretaría de Finanzas ya había denunciado un aumento de más de 20,000 millones de lempiras en la masa salarial durante los últimos cuatro años, identificando duplicidad de funciones y contrataciones sin respaldo presupuestario.
Esta estrategia de reducción del Estado es también una pieza clave en las negociaciones que Honduras mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales. La disciplina fiscal y la eficiencia en el gasto público son condiciones esenciales para acceder a nuevos desembolsos y mantener la estabilidad macroeconómica en un año que se proyecta complejo por el servicio de deuda y las demandas sociales acumuladas.
La medida, sin embargo, plantea desafíos políticos y sociales, especialmente en un contexto de alta demanda de empleo. Sectores sindicales y de la oposición observan con cautela el alcance del ajuste, mientras el Gobierno insiste en que la prioridad es sanear las finanzas para poder destinar recursos a inversión productiva y no solo al pago de nóminas y funcionamiento burocrático.
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