Presentan iniciativa para incluir productos de gestión menstrual en la canasta básica de Honduras

Contexto: El acceso a productos de higiene íntima ha sido un tema de creciente debate en la región, donde el costo de estos artículos representa una carga económica constante para mujeres y menores. En Honduras, activistas y organizaciones han señalado previamente que la falta de accesibilidad a productos de gestión menstrual agudiza la desigualdad de género y afecta la salud pública, planteando la necesidad de considerarlos como bienes esenciales.

Qué pasó: La vicepresidenta del Congreso Nacional, Karla Figueroa, presentó este martes una iniciativa de ley orientada a incorporar los artículos de gestión menstrual dentro de la Canasta Básica de Consumo. El decreto instruye directamente a la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico para que asuma las competencias necesarias e integre estos productos en el listado oficial, asegurando así su disponibilidad.

Datos clave: La exposición de motivos de la iniciativa define como productos de gestión menstrual a las toallas higiénicas (desechables y reutilizables), tampones, compresas, ropa interior absorbente, protectores diarios, esponjas, copas menstruales y cualquier artículo análogo. La medida apunta a proteger el manejo higiénico y seguro del ciclo menstrual.

Implicaciones: De aprobarse, la incorporación de estos productos a la canasta básica podría implicar beneficios fiscales y controles de precios, facilitando un acceso más económico para millones de hondureñas. Esta política pública representaría un avance significativo hacia la igualdad de género y el derecho a la salud reproductiva, aliviando el gasto de los hogares más vulnerables que actualmente destinan una porción de sus ingresos a estos bienes no subsidiados.

Cierre: El proyecto legislativo subraya el reconocimiento de la gestión menstrual como un tema de derechos humanos y salud pública. El debate ahora pasa a las comisiones del Congreso Nacional, donde se evaluará su viabilidad económica y su impacto, marcando un posible hito en la legislación social y económica de Honduras.