Cambios regulatorios, leyes comerciales y politicas gubernamentales.
La Casa Blanca instruyó a las agencias federales a dejar de usar tecnología de Anthropic, en medio de un choque con el Pentágono sobre condiciones de uso. La medida puede reordenar contratos de IA en el sector público y elevar el escrutinio regulatorio sobre proveedores del gobierno.
El Gobierno de Honduras confirmó que formalizará en Washington su reincorporación al CIADI, el mecanismo arbitral del Banco Mundial para disputas de inversión, en una señal orientada a mejorar confianza de inversionistas.
La administración Trump analiza medidas para que bancos recopilen información de ciudadanía de clientes, según reportes de prensa. El posible cambio abre un debate regulatorio en el sistema financiero estadounidense.
El Congreso Nacional dio luz verde a la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, una norma que el oficialismo presenta como clave para ejecutar su plan económico y que sectores críticos cuestionan por sus efectos sobre el empleo público.
Nasry Asfura juramentó a Nicolás José García como comisionado presidente de la CNBS, junto a Julieta Suazo Franco y Gustavo Rafael Solórzano como comisionados propietarios, en una señal de continuidad regulatoria para el sistema financiero hondureño.
El gobierno de Donald Trump analiza emitir una orden ejecutiva que obligaría a las instituciones financieras en Estados Unidos a exigir prueba de nacionalidad, como un pasaporte, tanto a clientes nuevos como existentes. La medida busca utilizar el sistema bancario como herramienta contra la inmigración irregular.
La propuesta de declarar emergencia en el IHSS busca acelerar compras y contrataciones para reducir la mora quirúrgica y mejorar el abastecimiento de medicamentos, en medio del debate sobre controles y transparencia.
Reportes de Once Noticias indican que al menos L5 millones permanecen congelados en el IHSS debido a contratos de compra señalados por posibles irregularidades, en un nuevo frente de control sobre gasto en salud pública.
El administrador de liquidación de Terraform Labs presentó una demanda en EE. UU. contra Jane Street, alegando operaciones con información no pública durante la crisis de UST y LUNA en 2022. El caso podría reabrir debate sobre controles de mercado y responsabilidad en episodios de alta volatilidad cripto.
La Secretaría de Finanzas informó que, luego de reuniones con el FMI, el Ejecutivo impulsará leyes y reformas y convocará Consejo de Ministros para reducir el tamaño del gobierno como parte del ajuste económico.
La bancada liberal y la comisión de dictamen buscan agilizar la nueva ley de empleo parcial en Honduras, con el objetivo de llevarla al pleno antes de Semana Santa tras la fase de socialización.
El Departamento de Justicia defendió el bloqueo al proyecto Pebble en Alaska por su posible impacto en las pesquerías de salmón de Bristol Bay, y la acción de Northern Dynasty llegó a caer con fuerza en la sesión.
La Comisión Europea inició una investigación formal contra Shein bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) por presuntas fallas en la mitigación de riesgos, incluida la venta de productos ilegales y prácticas de diseño potencialmente adictivas.
Una investigación periodística volvió a poner foco en inversiones vinculadas a asociados de la familia Adani, en un caso que reabre cuestionamientos de manipulación de mercado y eleva el riesgo regulatorio para el conglomerado.
El presidente Nasry Asfura juramentó a Emilio Josué Maldonado como comisionado presidente del IHTT, junto a nuevos comisionados, en un movimiento que impacta la rectoría del transporte terrestre en Honduras.
El Ejecutivo envió al Congreso una Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano que plantea emergencia fiscal y financiera temporal para reordenar gasto, deuda y pagos judiciales.
El presidente de Honduras juramentó al abogado Víctor Antonio Martínez Cáceres para liderar el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
La Secretaría de Trabajo llamó a centrales obreras y empresa privada para instalar la negociación del salario mínimo, considerando costo de vida, inflación y situación económica.
La diputada Sara Zavala afirmó que la nueva ley de trabajo parcial garantiza protección real a empleados, a diferencia de la derogada ley de empleo por hora.
La iniciativa en el Congreso Nacional obliga a patronos a notificar modificaciones de jornada con al menos 48 horas de anticipación, buscando proteger derechos laborales y abrir empleo para estudiantes y madres solteras.
